En 2018 se intervinieron 7.413 hectáreas de bosque nativo, según cifras oficiales. El dato marca un descenso respecto de 2017, pero se mantiene en relación con años anteriores.
El desmonte ilegal sigue siendo una práctica difícil de erradicar de la provincia. En 2018, la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba detectó intervenciones ilegales por 7.413 hectáreas.
Equivale a una deforestación de 27,4 canchas de fútbol como la del estadio Kempes por día.
De estas 7.413 hectáreas, 3.200 estaban protegidas bajo la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Son los sectores con monte mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Sin embargo, en 778 hectáreas se realizó un desmonte total, mientras que en las 2.422 hectáreas restantes las intervenciones ilegales fueron rolados para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos o aperturas de picadas.
Aunque con altos y bajos, los desmontes ilegales persisten en Córdoba y lejos se está del ideal de “deforestación cero”. En 2015, las intervenciones ilegales afectaron a un poco más de siete hectáreas.
En 2016, una cifra parcial (Policía Ambiental no informó todas las intervenciones en la categoría amarilla) arrojó 6.951 hectáreas. La cifra trepó a 14.427 en 2017.
Los datos del monitoreo de 2018 fueron publicados tras varios pedidos de este diario. Hay una baja respecto del año anterior, pero la cifra sigue siendo alta si se considera el escaso monte que queda en Córdoba.
Según estudios ambientales, sólo sobrevive un tres por ciento de bosque nativo bien conservado de los 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20.
El bosque nativo es sinónimo de biodiversidad y de paisaje y un atributo clave para el turismo, pero también es vital para la regulación hídrica y climática de la región. “Desde el período 2014, al menos cinco mil hectáreas de bosque nativo se han desmontado de manera ilegal todos los años. Eso es preocupante”, asegura Fernando Barri, biólogo e investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba.
Y señala que a partir de 2016 comienzan a aumentar los desmontes selectivos y químicos en zona roja de parches de bosques ubicados entre la ruta 9 norte y Mar Chiquita.
“Es la zona más codiciada por el agronegocio, ya que las precipitaciones allí permiten hacer cultivos intensivos. Allí hay muy pocos parches de bosque que deberían ser conservados de manera estricta si queremos salvar su biodiversidad”, comenta el biólogo.
Barri también señala que se realizan muchas intervenciones en la zona de Quilino donde se puede implantar pasturas exóticas para alimentar el ganado.
Los cinco departamentos con más hectáreas intervenidas fueron San Justo (1.052,5 hectáreas), Tulumba (556), Ischilín (368,6), Río Seco (363,8) y Río Primero (307,3).
Hasta fines de 2015, la Policía Ambiental también publicaba las hectáreas afectadas por intervenciones autorizadas. “Ahora no hay manera de saber cuánto están autorizando y cómo inciden esas intervenciones en la superficie de bosque nativo en la provincia”, asegura Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
¿Y el desmonte químico?
A Kopta también le llama la atención que en 2018 no se haya detectado casi ningún predio con desmonte químico, una práctica expresamente prohibida por ley. En 2017, se detectaron 2.500 hectáreas intervenidas ilegalmente de esta forma.
Se utilizan pesticidas para matar arbustos y renoval con el objetivo de despejar el terreno para la ganadería. Sobreviven los árboles más maduros, útiles para dar sombra al ganado.
Barri asegura que el informe estaría obviando al menos un desmonte químico de 1.200 hectáreas ocurrido en un campo de “un conocido empresario ganadero”. “Los inspectores le labraron el acta en junio del año pasado, pero por alguna razón esto no ha salido a la luz”, sostiene.
Recuperación muy lenta
Barri y Kopta coinciden en que son irrisorias las accesorias de reforestación que se cumplieron el año pasado. Es que, frente a las 7.413 hectáreas desmontadas, se recuperaron cuatro predios por 32 hectáreas totales, y otros 19 infractores fueron emplazados para que remediaran el daño ambiental. Potencialmente, serían otras 1.508 hectáreas por recuperar.
“De esos miles de hectáreas que se desmontaron no se recuperó casi nada y probablemente hoy tengan cultivos, hayan pagado o no las multas”, dice Barri.
Kopta agrega: “Hay un abismo entre la superficie intervenida en forma ilegal y la que tiene accesoria de reforestación. Ante esa desproporción, quienes desmontan tienen ganada la carrera”.
Los productores rurales reclaman claridad en las normas
Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, asegura que es evidente la contradicción que hay entre la ley provincial de bosque nativo (9.814, sancionada en 2010) y su reglamentación de 2011.
“Los productores no saben qué es lo que pueden hacer o no en sus predios. Quizás por ese motivo algunos pequeños productores pueden cometer alguna ilegalidad sin saberlo”, comenta.
El 80 por ciento de los productores ganaderos del norte cordobés tienen rodeos de menos de 150 animales. Magliano explica que estos ganaderos necesitan utilizar toda la superficie habilitada por ley para que la producción sea rentable, pero las contradicciones con la normativa no permiten esto.
“Hay muchas chacras que históricamente fueron intervenidas, pero realizar ahora cualquier intervención puede ser tomado como una infracción, cuando hace 20 o 50 años fueron habilitadas y ya tienen poco bosque nativo”, ejemplifica.
Además, detalla que las habilitaciones de la Secretaría de Ambiente demoran hasta un año, lo que hace inviable cualquier emprendimiento.
Magliano entiende que el gran productor puede adaptarse mejor a las normas porque tiene suficiente superficie para proteger una parte de bosque sin perder productividad.
Para el dirigente rural, esta situación está generando pobreza en el norte porque se está impidiendo que se genere trabajo rural. “Hoy no se puede hacer prácticamente nada por esta normativa”, asegura.
Y agrega: “Hay que trabajar en una nueva normativa para preservar el bosque nativo y mejorarlo porque sabemos que la ganadería de Córdoba no existiría sin árboles”.
Magliano asegura que en la última discusión se había logrado bastante coincidencia entre todos los sectores, pero luego la iniciativa se frenó.
Fuente: La Voz del Interior
