Criminalización de la protesta: defender el ambiente no puede ser nunca delito

El lunes 29 de julio comenzaron las audiencias del juicio a seis activistas ambientales que llegan a esta instancia judicial acusados de “resistencia a la autoridad”, “amenazas” y “daños” en contra de quien fuera intendente de Cosquín, Gabriel Musso. Dicha causa se remonta a la lucha llevada adelante por distintas asambleas del departamento Punilla por la construcción de la controversial autovía de Punilla.
En el año 2022 fueron realizadas diversas protestas por parte de asambleas ambientalistas locales y vecinos de la zona por la aprobación que la Municipalidad de Cosquín – a cargo del ex intendente de Cosquín, Gabriel Musso – había dado para la construcción de la autovía, proyecto muy cuestionado por atravesar por zona roja de bosque nativo y nacientes de cursos de agua, entre muchos aspectos.
En su momento, 17 personas fueron imputadas por las supuestas amenazas, daños y resistencia. Ello representa un antecedente grave en contra de aquellos que defendemos y luchamos, desde distintas aristas, por un mejor futuro ambiental para las generaciones futuras y que nos oponemos a un sistema basado (en la práctica) en el puro raciocinio económico.
La criminalización de activistas ambientales en Punilla resulta ser una grave amenaza a los derechos humanos y una violación del Acuerdo de Escazú. Las acusaciones contra estos defensores, en el marco de una protesta pacífica, son un intento de silenciar sus reclamos, justificar la represión estatal y representa un ‘disciplinamiento’ para aquellos que continúen accionando para la defensa del ambiente.
Desde el Foro Ambiental Córdoba afirmamos que esta situación pone en evidencia la necesidad de proteger a los defensores ambientales de los poderes políticos y económicos de turno, y al mismo tiempo, garantizar un entorno seguro para el ejercicio de sus derechos.