Una decisión que amenaza al bosque nativo
La decisión del Gobierno nacional de dar de baja el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos puede tener graves consecuencias para Córdoba.
Como una suerte de saldo de la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el Gobierno nacional resolvió disolver por decreto una serie de fondos fiduciarios públicos que estaban vigentes con rango de ley y que beneficiaban a la población en una amplia variedad de rubros.
Uno de esos sistemas de distribución –que la administración central enviaba en formato de fideicomiso a varias jurisdicciones del país– tenía relación con una problemática crucial para la provincia de Córdoba: la protección del bosque nativo, degradado por los incendios forestales y por la deforestación a mansalva, entre otros factores.
Ello se enmarca en la avanzada desregulatoria y en la eliminación de partidas que llevan adelante el presidente Javier Milei y su equipo de ideólogos en la gestación de las reformas. En ese grupo tiene una injerencia decisiva el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Lo concreto y para nada auspicioso es que el Poder Ejecutivo publicó el decreto 888/2024, por el cual dio de baja el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque). Este Instrumento fue creado por ley en 2018, tomando como referencia la ley de bosques número 26.331.
El propio Sturzenegger alegó presuntos manejos poco transparentes de esos fondos en algunas provincias, lo cual será dirimido en el ámbito de la Sindicatura General de la Nación, un organismo que arrastra fuertes sospechas de acomodos políticos.
Por el sistema fiduciario, la ley respectiva contempla que el 70% de los envíos ahora eliminados corresponden a los propietarios de los campos y bosques, y un 30% para las provincias. Como resultados del referido decreto, esos dineros pasarán al Tesoro Nacional, en un enroque que despierta más incertidumbre que certezas.
Como informamos días atrás, los ambientalistas advierten que la protección de los ecosistemas se ve seriamente amenazada por esta decisión del Gobierno nacional. De igual modo, desconocen qué va a pasar con la asignación presupuestaria 2024, al tiempo que reclaman para canalizar la de 2023, todavía en grado de acreencia.
Con acierto, el titular del Foro Ambiental Córdoba, Federico Kopta, lamentó que la eliminación del Fobosque implique la vulneración de los planes de conservación de los bosques. “Ya se venían recibiendo fondos reducidos, y ahora directamente los eliminaron”, sostuvo para plantear un panorama incierto sobre una actividad medioambiental indiscutible, aun por artilugios desregulatorios.
Es factible que los propietarios bajen las categorías de conservación, lo cual implicaría una señal de alerta que la política en general debe prestar atención, no tan sólo con relación a Córdoba.
En resumen, si el Estado tomó la decisión de abolir leyes específicas, entonces se tendrá que hacer cargo de la parte que le asignan esas normativas en alusión al cuidado de los ecosistemas.
Ninguna innovación en el modo de gestión justifica prescindir de todo en aras de un ajuste impetuoso.
Fuente: La Voz del Interior
